El texto analiza la contrariedad que existe entre los fundamentos normativos del derecho al silencio y las serias limitaciones impuestas en la práctica judicial para su reconocimiento. Esta situación es tan evidente, que algunos funcionarios judiciales, en algunos casos muy reconocidos, no solo han vaciado de contenidos a ese derecho fundamental, sino que, además, en algunos de ellos, han llegado hasta el punto de criminalizar su ejercicio. Frente a este contexto, el autor expone serios argumentos para superar esas prácticas restrictivas y para promover el pleno reconocimiento de ese derecho, tal como corresponde al proceso penal de un régimen democrático.